Oscar Cristi sobre las modificaciones al Código de Aguas en un contexto de cambio climático

La escasez hídrica es uno de los principales problemas que enfrenta el campo chileno, y que solo parece acentuarse con el paso del tiempo. En este sentido se vuelve relevante hacer una revisión al actual Código de Aguas y los derechos de agua que regula. En entrevista, Oscar Cristi Marfil, director de la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas (MOP), aborda y detalla algunos de los principales temas de esta materia.

¿Cuál es el plazo que la DGA ha propuesto para dar respuesta definitiva a las solicitudes de derechos de aguas subterráneas en las cuencas que hoy se encuentran en estudio y, por tanto, con expedientes paralizados por varios años?

Respecto a las solicitudes de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, la Dirección General de Aguas realiza estudios para actualizar la información de los sectores acuíferos en donde se ingresan peticiones, los cuales se encuentran prontos a terminar.

Ahora, una de las causas de que haya expedientes paralizados es que algunas solicitudes de derechos de otorgamiento de agua pueden judicializarse y detener las siguientes hasta que concluya esta situación.

En la eventualidad que se demuestre que ya no existe mayor disponibilidad del recurso hídrico en estas cuencas subterráneas, actualmente en estudio, ¿cuál es la solución como país que se le dará a la agricultura en la zona sur, considerando que las aguas subterráneas son la única fuente de abastecimiento directo para estos predios?

Efectivamente, son cada vez más los acuíferos en los que no se puede entregar nuevos derechos. En marzo de 2018 había solo seis acuíferos bajo Zona de Prohibición (zonas en que no se pueden otorgar nuevos derechos), y en el 2021 serán 102 de un total de 375 acuíferos los que alcancen esta condición. En esos acuíferos se deben generar soluciones destinadas a mejorar la eficiencia de uso del agua. Entre ellas, algunas desde la perspectiva administrativa y otras de carácter concreto, la constitución de comunidades de aguas subterráneas que puedan realizar una gestión sustentable de los acuíferos; un aumento en la eficiencia del riego; facilitar los cambios en puntos de captación de las aguas para permitir que el agua subterránea sea utilizada en la actividades agrícolas más productivas por medio de la compra y venta de derechos de aguas; el desarrollo de la recarga artificial de los acuíferos. El desafío no es fácil, ya que se debe realizar de manera colaborativa con los sistemas de agua potable rurales, que también se abastecen de aguas subterráneas.

En estos casos, también es importante el rol que cumple la DGA monitoreando, vigilando y fiscalizando el buen uso de los recursos hídricos, en un marco de sustentabilidad. En esta línea va la exigencia de que los titulares de derechos de aprovechamiento instalen sistemas de medición y transmisión del caudal de agua subterránea que sacan, que hemos denominado Sistema de Monitoreo de Extracción Efectivo (MEE) y se está implementando a lo largo del país. De manera conjunta, la DGA ejerce sus atribuciones de policía y vigilancia, e incluso en situaciones extremas, ejerce atribuciones para limitar el ejercicio de los derechos con la finalidad de recuperar los acuíferos sobreexplotados.

Oscar Cristi sobre las modificaciones al Código de Aguas en un contexto de cambio climático

Históricamente, los derechos de uso para riego se han establecido en acciones o partes alícuotas, lo que tiene un sentido muy lógico debido a la continua variación de la disponibilidad. Sin embargo, el actual Código de Aguas obliga a expresarlos en unidades de volumen por unidad de tiempo (litros/segundo), en un procedimiento complejo y técnicamente no bien definido. Además, el derecho registrado no tiene carácter práctico: que un beneficiario disponga de un derecho inscrito de 100 lt/s no sirve de nada si en el cauce no están disponibles, o si lo que hay disponible es menor a la suma de los derechos inscritos. ¿Qué utilidad tiene esta transformación, cuando en la práctica se debe seguir repartiendo el agua disponible en forma proporcional a los derechos?

El Código de Aguas establece que los derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente facultan para usar el agua en la dotación que corresponda, salvo que la fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente para satisfacerlos en su integridad, en cuyo caso el caudal se distribuirá en partes alícuotas. Esta es la regla de oro en el ejercicio de los derechos y nos dice que el ejercicio de los derechos es siempre contingente a la disponibilidad que exista en la fuente en cada momento. Esto aplica para los derechos independientemente de su denominación: acciones, derechos expresados en unidad de tiempo y volumen. Por tanto, un derecho expresado en litros por segundo también se distribuye en forma proporcional cuando no hay suficiente agua respetando, además, el caudal ecológico en el caso que corresponda. 

Son otras las razones que señalan la conveniencia de expresar los derechos de aprovechamiento en unidad de caudal por unidad de tiempo. En particular, para que la DGA pueda estimar en forma adecuada la disponibilidad de agua a la hora de aprobar la entrega de nuevos derechos. También es relevante para su fiscalización tanto de la extracción de aguas no autorizada como para la aplicación de la patente por no uso, cuyo monto depende del caudal no utilizado. En virtud de aquello es que importa que los derechos previos al Código de Aguas se puedan perfeccionar expresándolos en caudal por unidad de tiempo.

Oscar Cristi sobre las modificaciones al Código de Aguas en un contexto de cambio climático

En 40 años de vigencia del Código de Aguas, los derechos de agua perfeccionados con la exigencia de transformarlos a litros por segundo son una fracción mínima. ¿No sería más lógico simplificar el procedimiento, registrando los derechos en partes alícuotas, lo que permitiría contar en breve con un Catastro de Derechos actualizado, acorde además a las escrituras e inscripciones en el Conservador de Aguas?

Depende de lo que se busque. Si lo que interesa es tener un registro de los titulares de derechos, efectivamente no se necesita el perfeccionamiento. En esa línea, se está avanzando en el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, estableciendo la obligación de inscripción en el conservador de bienes raíces todos los derechos y luego que ello sea informado a la DGA para un registro como el que se plantea.

Para el objetivo de balances de disponibilidad y pago patente, como ya se mencionó, se necesita el caudal en unidad de tiempo. Por último, es necesario recalcar que estas modificaciones buscan simplificar y agilizar un proceso que entendemos que es largo y complejo para los usuarios; sin embargo, en la actualidad, considerando la incertidumbre que nos plantea el cambio climático y la creciente sequía, tenemos que afinar nuestras mediciones y fiscalizaciones, para que el agua se use de forma eficiente y cubra el consumo humano. 

Oscar Cristi sobre las modificaciones al Código de Aguas en un contexto de cambio climático

La DGA tiene importantes responsabilidades asignadas por el Código de Aguas en la aprobación de muchos proyectos que son postulados a la Ley de Fomento al Riego. En estos se genera una doble revisión técnica, por una parte, de la DGA y luego de la CNR, existiendo en muchas situaciones discrepancias de criterios. ¿Cómo se puede evitar esta doble revisión, que implica mayor gasto para el Estado y mayores tiempos de resolución?

No existe ninguna duplicación, porque las materias que abordan la CNR y la DGA son distintas. Ley N°18.450 de Fomento a la Inversión en Obras de Riego y Drenaje es administrada por la CNR, y para postular a alguno de los concursos se exige tener derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, con la excepción de los derechos provisionales, acreditados mediante la respectiva Resolución de la DGA.

El Código de Aguas no da responsabilidades a la DGA en este tema. Esta normativa señala que a esta Dirección le corresponde llevar el Catastro Público de Aguas (CPA). Además, menciona que los titulares que se encuentran en trámite de inscripción de sus derechos reales podrán participar en los concursos convocados por la CNR, pero que la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje se cursará una vez que el beneficiado acredite que sus derechos se encuentran inscritos. Con la CNR existe un trabajo colaborativo permanente.

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