Piden mejorar implementación de la nueva "Ley de Permisos"

El pasado lunes 29 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial la Ley Marco de Permisos Sectoriales, una de las reformas más relevantes en materia de inversión en Chile, que busca agilizar la tramitación de proyectos eliminando una serie de trabas burocráticas, sin rebajar con ello los estándares regulatorios.
De acuerdo a lo señalado desde el Gobierno, uno de los principales cambios que rige desde la publicación de dicha ley, es la posibilidad de que las autorizaciones sectoriales se tramiten en paralelo. La norma establece esta modalidad como regla general, de modo que ya no se exige que los permisos se gestionen de manera estrictamente consecutiva, salvo en aquellos casos en que la legislación sectorial disponga expresamente de lo contrario.
En este sentido, gremios y empresas del Biobío valoraron la nueva norma como un avance 'para recuperar dinamismo económico', aunque advierten que aún persisten desafíos en materia de certeza jurídica, entre otros.
'Desde CPC Biobío valoramos profundamente la aprobación de esta ley. Representa un avance concreto y en la dirección correcta hacia una institucionalidad más moderna, con reglas claras y plazos razonables, que permita compatibilizar inversión, sustentabilidad y competitividad', señaló Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío.
'No obstante, el principal desafío no está en el texto de la ley, sino en su implementación y en la autoridad que actúa como contraparte. Esta reforma pone a prueba la capacidad institucional de fiscalizar con agilidad, en forma proactiva, y contar con plataformas digitales robustas y de mantener firme el compromiso con estándares ambientales sólidos', complementó. 'Si no se fortalecen las capacidades técnicas y operativas del Estado, corremos el riesgo de que los avances normativos no se traduzcan en mejoras reales', dijo.
'Además, creemos que esta ley debe ser el primer paso. Urge avanzar hacia una nueva Ley Ambiental, más ágil y moderna, que dialogue con los desafíos productivos y territoriales que enfrentamos. Porque detrás de cada permiso hay familias esperando oportunidades', concluyó.
Construcción

Jorge Coloma, presidente de CChC Concepción, indicó que 'según estimaciones del Ministerio de Economía, la nueva ley permitirá una reducción de los plazos de tramitación entre un 30 y un 70%, dependiendo del tipo de proyecto, por tanto, es un avance enorme'.
Añadió que 'en total, la Ley modifica directamente más de 40 cuerpos legales y establece un marco común para la modernización de las autorizaciones sectoriales tramitadas por 37 organismos públicos'.
'No obstante, la definición concreta de cuáles efectivamente migrarán hacia mecanismos más ágiles quedará entregada a la dictación de los reglamentos, etapa en la que se verá hasta dónde llega el alcance práctico y el cumplimiento de expectativas de la nueva institucionalidad. Por tanto, la dictación del reglamento es clave para poder evaluar en un 100% el impacto de esta nueva ley y esto podría tardar por lo menos seis meses', detalló.
'Lamentamos que no se haya incluido la institucionalidad medioambiental (Seia) y del Consejo de Monumentos Nacionales, entes públicos que más tiempo demoran en la tramitación de los proyectos en la actualidad', afirmó.
Forestal

'Vemos esta ley de manera positiva, porque apunta justamente a lo que veníamos pidiendo hace años: Acortar plazos de tramitación y dar más certezas para invertir. La ventanilla única digital, los plazos obligatorios y la posibilidad de trámites en paralelo, son avances que deberían agilizar los proyectos', acotó Alejandro Casagrande, presidente regional de Corma.
'Todo esto funcionará en la práctica, sólo si el Estado logra cumplir los plazos y se eliminan espacios de discrecionalidad administrativa. Por otro lado, hay varios desafíos que quedan pendientes. Muchos cambios requieren reglamentos sectoriales que aún no están listos, y sin ellos algunas medidas clave no van a operar de inmediato', agregó.
'Además, la implementación será gradual -recién en 2026 estaría todo en marcha-, y existen riesgos de judicialización por los requerimientos al Tribunal Constitucional. En el fondo, la ley abre una buena puerta, pero dependerá de cómo se ejecute para que el beneficio sea real y sostenido', cerró.
Agricultura

José Miguel Stegmeier, presidente de Socabio, expresó que 'creemos que es un primer paso, ya que en parte puede resolver lo relativo a agilizar los procesos y al cumplimiento de las respuestas de parte de los actores públicos responsables a tiempo'.
'Sin embargo, se debe avanzar también en simplificar los procesos propios de los distintos requerimientos que exige la legislación vigente en cuanto a la autorización de proyectos de inversión, e incluso modificar en parte esa legislación', indicó. 'También es necesario resolver las correspondientes autorizaciones desde una mirada eminentemente técnica y excluir de estas decisiones cualquier componente ideológico y subjetivo', dijo.
Asem biobío

'(La ley) es un avance porque, de una u otra forma, todos los proyectos importantes -y también los no tan importantes- que mueven y dinamizan la economía estaban siendo trabados y demorados en su ejecución y en su inicio por este tema de los permisos', sostuvo Humberto Cerda, presidente de Asem Biobío.
'Recalcar que no basta solamente con apurar la tramitación de permisos, sino que también debemos cambiar la mentalidad: La ideología no debe estar por sobre las evaluaciones técnicas y el cumplimiento de las normativas. Porque de nada sirve apurar los permisos si en algún momento se van a entrampar por temas ideológicos', cerró.

Cristian Aguayo Venegas-

La Estrella de Concepción